Informe de EEUU señala que Gobierno no permitió que ONG y líderes religiosos visiten a Añez y Camacho

El Gobierno no permitió que periodistas, ONG y líderes religiosos visiten a algunos a "algunos prisioneros de alta visibilidad", entre ellos el gobernador de Santa Cruz, Luis Camacho, y la expresidente Jeanine Añez, según un informe que publicó el Departamento de Estado de Estados Unidos en las últimas horas.

“El gobierno generalmente permitió el monitoreo por parte de observadores independientes como el Comité Internacional de la Cruz Roja, ONG locales, jueces, organizaciones religiosas, legisladores y medios de comunicación. El gobierno no permitió que periodistas, ONG y líderes religiosos visitaran a algunos prisioneros de alta visibilidad, incluidos el gobernador de Santa Cruz, Luis Camacho, y la expresidenta interina, Jeanine Añez”, dice el texto del reporte, que titula “Informes nacionales sobre prácticas de derechos humanos 2023: Bolivia”.

Según el diagnóstico, hasta noviembre de 2023 había en el país más de 300 presos políticos, sin embargo, “el gobierno negó que hubiera presos políticos, sin que son personas que cometieron delitos”, señala y añade que, según observadores de derechos humanos, “el número de detenidos se debió en parte a la falta de independencia judicial y al abuso de la prisión preventiva”.

Pone como ejemplo el caso del exdirector de Migración, Marcel Rivas, que fue declarado inocente en su primer caso sobre un asunto migratorio, pero recibió una sentencia mínima por una falta administrativa relacionada con alertas migratorias en un segundo caso. Mientras cumplía esa condena, la Fiscalía abrió un tercer caso contra Rivas, lo que retrasó aún más su salida de prisión.

Y en el caso de Camacho, está en prisión preventiva en un penal de máxima seguridad de La Paz. “Las autoridades ofrecieron varias justificaciones para el arresto de Camacho, pero finalmente afirmaron que permanecía detenido por su papel en la crisis política de 2019, que el gobierno describió como un ‘golpe de estado’. Human Rights Watch afirmó que la justificación de la prisión preventiva de Camacho era ‘muy frágil’”, añade otro apartado del informe.

Sobre la exmandataria Añez, el análisis señala que tenía derecho a un juicio por actos cometidos en el cargo. “Sin embargo, el gobierno inició un proceso penal regular en su contra. Ella permaneció en prisión y el sistema judicial impuso períodos adicionales de prisión preventiva para los casos restantes”.

EEEUU dice que grupos de derechos humanos expresaron su preocupación porque los arrestos y detenciones de Camacho y Añez tuvieron “motivaciones políticas”. Human Rights Watch informó que no vio pruebas que respaldaran las vagas acusaciones de terrorismo, sedición y conspiración.

Sobre el estado de las cárceles en el país, el diagnóstico afirma que el hacinamiento sigue siendo un problema. “Según la agencia penitenciaria del Gobierno, las instalaciones carcelarias estaban a más del 200% de su capacidad”, mientras que el 66% de los reclusos se encontraban en prisión preventiva.

“La violencia en las prisiones y centros de detención es omnipresente debido a una seguridad interna inadecuada. Los abusos perpetrados por funcionarios penitenciarios incluyeron intimidación sistemática, violación, maltrato psicológico, extorsión, tortura, tráfico sexual y amenazas de muerte”, se lee en el texto.

“Hubo informes de violaciones y agresiones sexuales cometidas por las autoridades y por otros reclusos. Las reclusas sufrieron acoso y agresión sexual de forma regular, y algunas se vieron obligadas a pagar tarifas de extorsión para evitar ser violadas”.