miércoles 3 de julio de 2024

No hay amparos pendientes

Prevén reiniciar este martes el trabajo de comisiones para continuar con el proceso de preselección judicial

Para el diputado “arcista”, Juan José Jauregui, “el nuevo bloque de oposición” no tenía impedimento legal y debió reiniciar su trabajo el 23 de mayo.
Legisladores de la Comisión Mixta de Constitución en la revisión de documentos de postulantes a las elecciones judiciales. Foto: Carlos Quisbert
Legisladores de la Comisión Mixta de Constitución en la revisión de documentos de postulantes a las elecciones judiciales. Foto: Carlos Quisbert
lunes 10 de junio de 2024

Las comisiones mixtas, de Justicia Plural y Constitución, conformadas por senadores y diputados, sesionarán mañana con el fin de reiniciar el trabajo de preselección de postulantes para las Elecciones Judiciales 2024, informó el senador de Comunidad Ciudadana (CC), Santiago Ticona. Afirmó que ya no existen impedimentos legales.

Por su lado, el diputado Juan José Jauregui, de la facción “arcista” del MAS, que respalda al presidente Luis Arce, señaló que “el nuevo bloque de oposición” tiene la intensión de descabezar al Órgano Judicial, para favorecer al líder cocalero, Evo Morales. Aseguró que los legisladores de ambas comisiones pudieron reiniciar su labor hace días, pero buscaron argumentos para dilatar aún más este proceso.

Agenda de las comisiones

“Mañana sería la sesión de la Comisión Mixta de Constitución y de Justicia Plural, en el transcurso de hoy saldrá la convocatoria”, informó a Visión 360 el senador Ticona. Señaló que se debe contar con la resolución emitida por el pleno de la Asamblea Legislativa el pasado 6 de junio, en la que se determinó el reinicio del proceso de preselección de postulantes a magistrados.

El legislador explicó que deben elaborar una agenda, pero prevé que lo primero que se hará será analizar el informe del área jurídica, sobre las resoluciones de amparos constitucionales y acciones populares presentados por postulantes que denunciaron la valoración equivocada de sus méritos profesionales y formación académica.

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“Puedo decir que fueron 33 los amparos constitucionales que se han presentado, pero ya no hay ningún otro impedimento. La anterior semana se desarrolló la última audiencia de amparo”, manifestó Ticona.

En criterio del senador, luego de dar cumplimiento a las resoluciones, en dos semanas se podría reiniciar la etapa de exámenes orales a los postulantes habilitados hasta esa fase. Recordemos que el proceso de preselección en el Legislativo está paralizado desde el 22 de abril, a 14 días de cumplirse el plazo de 80 días que les otorgaba la Ley 1549, para las Elecciones Judiciales 2024.

Críticas del “arcismo”

En contraparte, el diputado Jauregui señaló que “el nuevo bloque de oposición” conformado por los legisladores de CC, Creemos y el MAS, del ala radical que respalda a Evo Morales, nunca tuvo la intensión de realizar las Elecciones Judiciales, y que sólo buscan descabezar al Órgano Judicial.

“Hemos ido tropezando con errores, en palabras sencillas, que se han ido cometiendo por parte de este nuevo bloque de oposición, que comprende una mayoría (en la Asamblea Legislativa), no lo vamos a negar, que añadieron elementos completamente inconstitucionales en los reglamentos, inclusive en la Ley (para la Elecciones Judiciales, 1549)”, sostuvo Jauregui.

Denunció que el 40% de los amparos constitucionales fueron presentados por postulantes, exfuncionarios o abogados ligados a Morales, entre ellos, la esposa del exprocurador del Estado, Wilfredo Chávez, la jueza Vanessa Miramendy.

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Para Jauregui, desde el 23 de mayo no existía impedimento judicial para que las comisiones mixtas reanuden su trabajo, luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un fallo, en el que se instruye revertir las medidas cautelares contra la preselección de postulantes a magistrados.

No obstante, para “el nuevo bloque de oposición”, las resoluciones del TCP no tienen validez, debido a que fueron emitidas por magistrados ilegalmente autoprorrogados. Ticona aseguró que las acciones legislativas no consideran lo instruido por el TCP.