Múltiples víctimas
Dos personas se suman a imputación contra el exprocurador Clemor
Dos personas que aseguran ser víctimas de un consorcio de jueces, abogados, fiscales y policías, dirigidos por el exsubprocurador del Estado, Juan Kaleff Clemor, presentaron sus denuncias ante la Procuraduría General, para sumarse al proceso en el que esa cartera de Estado logró que se impute al exfuncionario por uso indebido de influencias.
La referencia de la carta entregada ayer ante la Procuraduría, por parte de la abogada Daniela Sanabria, menciona: “Hace conocer denuncia por uso de influencias, consorcio de abogados, jueces y policías. Pido ayuda y clamo auxilio”.
En el documento, además de señalar como cabecilla al exsubprocurador, señala a un mayor de Policía y a su esposa, otra abogada, también acusa a jueces de provincia y cita el nombre de un alto funcionario de la Escuela de Gestión Pública, Luis Guillermo C. F., quien al igual que Clemor, fue funcionario en la Procuraduría durante la gestión de Wilfredo Chávez, actual líder del equipo jurídico del MAS de la facción que respalda a Evo Morales.
“El exsubporcurador, conjuntamente con su asesor legal, de ese entonces y ahora actual director de la Escuela de Gestión Pública, vienen influyendo en los procesos que tenía la señora abogada Abigail Belén A. M., quien ha sido favorecida con resoluciones irregulares como rechazos de denuncia, cuando se tenía indicios de autoría”, menciona Sanabria en parte de su carta.
Doris Cano, una de las demandantes, añade a la lista de denunciados a la abogada Roxana Q. L. Acusa a los miembros del consorcio de “operar en grupo para lograr resoluciones judiciales ilegales, causando daño a diestra y siniestra, por lo que no hay justicia para la gente. Gracias a que ocupaban cargos públicos lograban que se rechacen denuncias en su contra. No se puede seguir tolerando el comportamiento de estos abogados corruptos, por lo que acudo a su autoridad”, menciona en su carta.
Ayer, las denunciantes y sus familiares lograron ingresar a la Asamblea Legislativa y allí protestaron con carteles. “¡Justica!”, exigían las mujeres mientras transmitían su manifestación por Facebook.
Pidieron que la investigación se amplie contra un bufete de abogados que operó en complicidad con Clemor. Según afirmaron, este mismo grupo de juristas está involucrado en la defensa de Joel P. principal sospechoso de la desaparición de su pareja, Odalys Vaquiata, quien fue vista por última vez en 30 de marzo, en los Yungas.
Las denunciantes adjuntaron a su denuncia fotografías, resoluciones judiciales y fiscales, para sustentar que Clemor y el consorcio operaron mientras eran funcionarios de la Procuraduría General, en la gestión de Wilfredo Chávez quien, junto a su esposa, la jueza Vanessa Miramendy, también fueron sindicados de ser parte del tráfico de influencias.
El proceso al que Sanabria y Cano piden sumarse, fue abierto en la Fiscalía en enero, a denuncia del actual Procurador, César Siles. En ese caso la principal víctima es Linda Aduen, nacida en Colombia y nacionalizada boliviana hace 11 años.
Aduen era pareja de Luis Arturo Calzadilla Morales, persona que tiene una sentencia ejecutoriada y que a su vez es “tío político” de Clemor. Desde que el caso se hizo público, Visión 360 llamó a los abogados que representan al exfuncionario para conocer su versión, pero los juristas sólo respondieron que no darán declaraciones, aunque pidieron que no se mencione sus nombres, en tanto el sindicado no responde a las llamadas a su celular.
La condena contra esa persona se dio a raíz de una falsa denuncia de robo de vehículo que presentó en 2016 contra la colombiana. El abogado de Calzadilla era Clemor y este logró que un juez lo designe como custodio del auto, supuestamente sustraído; la denuncia señala que el exsubprocurador continúa usando dicho motorizado.
