miércoles 3 de julio de 2024

Pronunciamiento

Víctimas exigen que jesuitas denuncien a quienes encubrieron y "encajonaron" los archivos del caso Roma

“Rechazamos que las actuales autoridades a cargo de la Compañía de Jesús, en Bolivia, intenten lavarse las manos o aparecer como paladines de la justicia”, menciona el comunicado.
El religioso pederasta, Luis María Roma Padrosa, documentó su vejámenes con fotos y anotaciones. Foto: El País.
El religioso pederasta, Luis María Roma Padrosa, documentó su vejámenes con fotos y anotaciones. Foto: El País.
martes 18 de junio de 2024

Por medio de un comunicado, la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesial (CBS), expresó su rechazo al pronunciamiento de las actuales autoridades de la Compañía de Jesús en Bolivia. A tiempo de pedir que no “intenten lavarse las manos o aparecer como paladines de la justicia”, exige que esa institución religiosa presente denuncia contra curas que encubrieron y "encajonaron" los archivos del caso Roma.  

“Que las acciones negligentes, indolentes y nefastas a las que hace referencia su comunicado, no son sólo responsabilidad de quienes estuvieron a cargo de atender las denuncias de abusos sexuales a niñas, niños y adolescentes; sino son responsabilidad institucional, pues se evidencia que conocían el caso”, señala el primer punto del comunicado emito por CBS.

Horas antes, la Compañía de Jesús había emitido otro pronunciamiento, luego de que un periódico español publicara el tercer caso de un cura pederasta que por décadas había documentado los vejámenes sexuales que perpetró contra niños indígenas en Charagua, municipio rural del departamento de Santa Cruz.

“La Compañía de Jesús en Bolivia desea comunicar a la opinión pública lo siguiente: Reconocemos con profundo pesar que las actuaciones de quienes estuvieron a cargo de atender las denuncias de abusos sexuales a niñas, niños y adolescentes y actuar en favor de las víctimas fueron negligentes, indolentes y nefastas, sin colocar en el centro de su interés a las víctimas, por lo que quienes obraron de esa manera deberán hacerse responsables de sus acciones en el manejo de tales situaciones, según establezca la justicia boliviana en el marco del debido proceso”, publicó la congregación católica.

Pese al anuncio de proceso contra los responsables y los duros términos con los que se refiere a ellos, CBS descalificó la postura y sostuvo que el encubrimiento de los vejámenes sexuales se dio por parte de varios altos miembros de esa congregación, quienes conocieron las denuncias.  

“El ex provincial y ex delegado de ambientes seguros Oswaldo Chirveches; el acusado de abusar de niñas en el internado Juan XXIII, Carlos Vilamil Olea, y el superior de Lucho Roma, Arturo Moscoso, y no lo denunciaron a la justicia ordinaria, configurando omisión y encubrimiento institucional, además de obstrucción a la justicia, que prolonga el sufrimiento de las víctimas, y socava la confianza en esa organización religiosa. Demandamos una investigación profunda y transparente sobre estas acusaciones para sancionar a los responsables de este encubrimiento”, se lee en el comunicado de la CBS.

En su segundo punto, se asevera que la Fiscalía reabre el caso del jesuita catalán Luis María Roma, no porque la Compañía de Jesús lo pidió; sino porque la verdad se impuso, develada por una rigurosa investigación periodística de El País, que duró cerca de un año.

Asimismo, indicaron que la pesquisa es reabierta porque aparecieron las víctimas, dispuestas a judicializar su testimonio. "Rechazamos que las actuales autoridades a cargo del gobierno de la Compañía de Jesús en Bolivia intenten lavarse las manos o aparecer como paladines de la justicia”, manifestaron.

Exigieron que la Fiscalía prohíba y emita una medida cautelar contra una comisión, a la cabeza de la delegada de Ambientes Sanos y Seguros de la Compañía de Jesús, con el fin de evitar que su personal contacte a las víctimas del caso Roma, por el riesgo de que estos incurran en “acciones de amedrentamiento, cooptación, revictimización, y para evitar que usurpe funciones exclusivas del Ministerio Público y la Policía, conduciendo a la impunidad de los victimarios y encubridores. El Estado debe ofrecer las garantías a las víctimas para que no sean asediadas, acosadas, hostigadas ni revictimizadas por la institución que encubrió sistemáticamente a los jesuitas pederastas”.

En su cuarto punto, la CBS exige que la Compañía de Jesús formalice denuncias penales en la Fiscalía, contra seis religiosos acusados del encubrimiento sistemático de estos vejámenes sexuales, cometidos por sus miembros, al "‘encajonar’ durante años la información y los archivos del caso Roma".