Casos de 2023
28 sicariatos revelan el aumento de la violencia por el narcotráfico en Bolivia
Los hilos de sangre que se escurrían por una de las puertas del Toyota Caldina blanco, plantado en medio del camino, llamaron la atención de los pobladores cerca de la comunidad Nueva Zelanda, en el municipio de Chimoré del Trópico de Cochabamba. Al asomarse, descubrieron en el interior los cuerpos sin vida de una pareja de esposos, ambos asesinados con múltiples disparos de arma de fuego.
En los registros del Ministerio de Gobierno este crimen figura como uno de 27 casos de sicariato del último año, pero un recuento de casos publicados en medios de comunicación, realizado por Visión 360 para este reportaje, revela que en 2023 se registraron al menos 32 hechos similares, ejecuciones con arma de fuego y, de estos, 28 fueron vinculados al narcotráfico. Al menos dos se cometieron por “venganza”, contra presuntos secuestradores que habrían atentado contra narcos.
“En la gestión 2023 se han presentado 27 hechos con estas características (sicariatos) que han llamado la atención. Esto ha provocado que el Gobierno promueva la creación de grupos especializados (en la Policía), tanto de prevención, como de investigación, entendiendo la importancia de la participación ciudadana como un elemento clave para impulsar cambios en la justicia”, afirmó en una entrevista con Visión 360 el viceministro de Régimen Interior y excomandante de la Policía, Jhonny Aguilera.
Las cifras rojas
Desde enero hasta diciembre de 2023, en los 32 casos contabilizados en diferentes portales noticiosos, por Visión 360, se registraron 39 personas asesinadas, al margen de aquellas que resultaron heridas durante diferentes ataques.
Del total de decesos, seis fueron mujeres y 33, varones; 29 de nacionalidad boliviana, mientras que 10 fueron ciudadanos de Paraguay, de Colombia y principalmente de Brasil. La Policía informó que algunos de los extranjeros ajusticiados eran procesados en sus países por sicariato y narcotráfico.
Asimismo, se hizo evidente el temor por parte de los pobladores de las zonas donde se cometen los crímenes, pues no se mencionan nombres de testigos ni se tienen registros textuales de los testimonios, salvo aquellos en los que los familiares sostienen que las víctimas no tenían antecedentes delictivos y que lo más probable es que los sicarios equivocaron el objetivo.
En ese sentido, los reportes de prensa destacan contradicciones evidentes como el hecho de que los “testigos” no conocen el nombre completo de la víctima, pero sí su nacionalidad y su edad. Asimismo, en varios de los reprotes los testigos identificaron a los sicarios como brasileños.
A pesar de ese “pacto de silencio”, se contó la participación de al menos 64 sicarios; en varios de los casos se consideró la presencia de un solo asesino, ya que solo se halló el cuerpo de la víctima y no hubo testigos el momento en que ocurrió el asesinado. Asimismo, se considera que 50% de los crímenes fueron cometidos por un dúo de asesinos a sueldo, montados en motocicletas.
Por las características de las ejecuciones y el modus operandi la Policía sospecha que la mayoría de los criminales son de nacionalidad brasileña, pero también hay sicarios o secuestradores de organizaciones de narcos bolivianos.
En un 90% de los casos los sicarios emplearon pistolas de nueve milímetros, en especial en la frontera, donde por su tamaño y la facilidad de manejo, son más propicios para burlar los controles fronterizos.
Hay que puntualizar que, en un primer momento, tanto las investigaciones policiales como los reportes de prensa atribuyeron algunos asesinatos al sicariato por narcotráfico, pero luego se estableció que no todos los hechos tendrían esa relación.
Uno de esos casos fue el de Norah Ch. M., una madre de familia víctima de dos sicarios, quienes la ahorcaron con la correa de su bolso. El crimen se registró el 15 de enero de 2023; el cuerpo de la mujer fue hallado cerca de los rieles del tren en la población cruceña de Cotoca.
La Policía confirmó que Remberto M. I., su expareja, pagó 1.000 bolivianos a dos trabajadores de un criadero de cerdos para terminar con la vida de Norah, quien le había iniciado un proceso para forzarlo a pagar pensiones familiares.
Regiones afectadas
Santa Cruz es el departamento en el que más sicariatos se registraron, con 20 casos. Los municipios donde ocurrieron los crímenes son Santa Cruz de la Sierra, Cotoca, San Matías, Puerto Quijarro, San Ignacio de Velasco, San Joaquín, Yapacaní, San Vicente y Arroyo Concepción. En dos de los asesinatos las víctimas fueron secuestradas en territorio boliviano y sus cadáveres fueron hallados en las poblaciones fronterizas de Brasil, Corumbá y Cáceres.
La segunda región más afectada por estas ejecuciones es Cochabamba, con siete casos que se perpetraron en los municipios de Chimoré, Ivirgarzama, Cercado y Entre Ríos. En Beni se contabilizaron tres sicariatos, en Guayaramerín, Santa Ana de Yacuma y Cachuela Esperanza.
Por último, en La Paz hubo dos de estos crímenes, uno en el municipio fronterizo de Desaguadero y el otro en la ciudad capital; la víctima de ese hecho, ocurrido en enero de 2023, fue el policía Domingo Chávez, quien murió a manos de sicarios.
Tenía a su cargo a un peligroso reo brasileño, que estaba detenido en el penal de Chonchocoro y había salido para recibir atención médica en el Hospital de Clínicas, adonde llegó otro sujeto y disparó al uniformado.
Móviles de los sicariatos
Los analistas y autoridades coinciden en señalar que entre los móviles más recurrentes en un caso de “sicariato” o un secuestro de persona figura el “ajuste de cuentas”, aunque Aguilera precisa que ninguno de esos términos está contemplado en el Código Penal, por lo que los crímenes son tipificados como asesinatos.
Otros móviles son la disputa por las rutas que el narcotráfico emplea para llevar su mercadería, territorios estratégicos para el acopio, deudas y venganza.
Por esos factores y con el fin de “enviar un mensaje claro a sus posibles rivales”, los autores intelectuales de estos crímenes planifican que sus sicarios realicen las ejecuciones a plena luz del día, o al menos dejen varios testigos, con el fin de que las muertes no se confundan con un simple robo, para así dejar claro que se trató de un “ajuste de cuentas”.
Un elemento recurrente que suele confirmar este hecho es que, en su mayoría, las víctimas contaban con antecedentes penales, tanto en el territorio nacional como en sus países de origen, en el caso de los extranjeros identificados.
Impunidad
Para la criminóloga Gabriela Reyes, los factores que contribuyen al incremento de los sicariatos y secuestros relacionados con el narcotráfico en el país son la crisis judicial, la corrupción al interior de la Policía Boliviana y en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), que posibilitan que los sicarios y narcos queden libres o impunes.
La experta sostiene que para quienes incurren en este tipo de negocios ilícitos es más factible enviar a matar a una persona, porque genera menos secuelas para su estructura criminal. “El costo del sicariato en Bolivia (para los líderes de estas organizaciones) es muy bajo; por lo tanto, hay más incentivo para ordenar que se cometan estos crímenes, que para dejar de cometerlos”, aseveró quien fue asesora de cuatro ministros de Evo Morales, así como del actual ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.
No obstante, Reyes señala que la actual gestión del Ministerio de Gobierno se enfocó en usar la información sobre el narcotráfico como una estrategia política para dañar la imagen del MAS y de su líder, Evo Morales. El exmandatario y presidente de las Seis Federaciones de cocaleros del Trópico de Cochabamba pretende repostular a la Presidencia en 2025.
Víctimas de “Los Tiones”
El 17 de agosto de 2023, el cuerpo en descomposición del empresario boliviano Simón Johan Alonzo Mollo, alias “Pacho”, fue hallado en la localidad de Cáceres, Brasil, tras ser víctima de secuestro por parte de tres hombres encapuchados y armados, que lo interceptaron en San Matías, donde estuvo de paseo el domingo 13 de agosto junto a sus hijos.
Al día siguiente, el 14 de agosto, los secuestradores se contactaron con la familia del empresario para exigir un monto de dinero a cambio de su liberación. “Los familiares de Alonzo Mollo realizaron cinco transferencias bancarias, con montos de 10.000, 20.000, 25.000 y 35.000 reales (21.000 dólares), a distintas cuentas”, revela un reporte policial, pero el trato no se concretó.
La víctima fue hallada con las manos atadas, con signos de tortura y quemaduras. Por este hecho, la Policía Federal de Brasil realizó varios allanamientos y se aprehendió a un policía militar, en cuya vivienda se encontraron armas, municiones de diferente calibre, drogas, tarjetas bancarias a nombre de otras personas y otros objetos sospechosos que lo ligaban a ese sicariato.
El miércoles 11 de octubre de 2023, en el municipio de San Matías, uno de los puntos fronterizos de Bolivia con Brasil, Luis Paulo Silva Ferreira, de 35 años, llegó con su vehículo a un local para lavado de autos.
Instantes después, encapuchados que bajaron de un carro negro lo acorralaron y abrieron fuego. Silva logró evadir las primeras ráfagas y corrió a refugiarse a un cuarto; entonces, los sicarios mostraron su determinación e ingresaron por la fuerza para asesinarlo en el lugar y después huir.
En ese caso, los primeros aprehendidos fueron una abogada y el dueño del negocio. La Policía los presentó y sindicó por filtrar información de los movimientos de la víctima a los sicarios. Además, el propietario tenía antecedentes por narcotráfico en Brasil, según el comandante de la Policía de Santa Cruz, Erik Holguín.
Sin embargo, pese a los indicios, un juez les concedió detención domiciliaria, previo pago de una fianza. Días después, luego de que se cometió otro crimen en Santa Cruz, con características de sicariato, el ministro Del Castillo criticó el actuar de los operadores de justicia.
Jefe sicario en silla de ruedas
Los asesinatos de Silva Ferreira y Alonzo Mollo habrían pasado inadvertidos en medio de los varios casos irresueltos, de no ser por las revelaciones que hizo un recluso del Centro de Readaptación Productiva de Montero (Cerprom), Jorge Ronald Aguilera Barrón.
En una carta notariada, en la que también figura la rúbrica del coordinador de dicho centro penitenciario, Aguilera Barrón, preso por asesinato, reveló que una facción del Primer Comando de la Capital (PCC) conformó un grupo de sicarios denominado “Los Tiones”, el cual es dirigido por un extranjero, en silla de ruedas, y los objetivos de esa organización serían bolivianos y extranjeros ubicados en la localidad de San Matías.
“Quiero hacer conocer mediante declaración voluntaria sin ninguna presión o dolo, que invade mi consentimiento para contar la verdad sobre cómo asesinaron a Johan Alonzo Mollo, más conocido como Pacho (…) Tión es un señor en silla de ruedas que contrata sicarios desde Cáceres (Brasil), él tiene su clan de sicarios para ejecutar personas”, señala parte del texto de la carta notariada firmada por Aguilera Barrón, publicada por El Deber, en octubre de 2023.
Cuando fue conocida esta carta, el ministro Del Castillo confirmó que se inició una investigación con la verificación de la autenticidad de la misiva del recluso. Semanas después, luego de otras dos muertes con similares características, la autoridad dijo: “No existe en la terminología ‘ajustes de cuentas’ en el Código de Procedimiento Penal o en el Código Penal. Lo que existe y está investigando la Policía Boliviana es el asesinato de dos personas; ya hemos pedido a la Dirección Nacional de Inteligencia que elabore un plan”.
No hay presencia del Estado
Para Oswaldo Saenz, abogado y exfiscal antidrogas, entre los factores que contribuyen al incremento de estos casos está la falta de presencia de las fuerzas de seguridad del Estado en zonas donde las llamadas “organizaciones sociales” oficialistas, como los Interculturales o sindicatos de cocaleros, además de oficiales de Policía y autoridades de Estado, obstaculizan la realización de operativos.
Esta opinión tiene fundamentos, pues como antecedente está el caso de los “narcoaudios”, un hecho sucedido en Valle Sajta, población de la provincia Carrasco, en el Trópico de Cochabamba, el 25 de marzo de 2022.
En esa ocasión, al menos cuatro grabaciones de llamadas de celular, entre efectivos de la Felcn, revelaban que se ordenó no intervenir un laboratorio de cristalización de clorhidrato de cocaína y cuatro fábricas de pasta base descubiertas en la zona.
Los audios fueron presentados el 4 de abril de ese año por el presidente del MAS, quien dijo que se trata de una estrategia del Gobierno para dañar la imagen de los cocaleros de esa región.
Morales acusó al viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani; al entonces director nacional de la Felcn, José María Velasco (quien fue edecán de la entonces presidenta Jeanine Añez); y al director de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), Franco Arancibia. La denuncia nunca fue esclarecida en la Fiscalía de Cochabamba.
El oficial que presentó dichos audios, Yerko Terán, declaró que, además de las órdenes que recibió de sus superiores para no intervenir las factorías de droga, los pobladores del sector estuvieron a punto de linchar a las patrullas de Umopar. Actualmente, Terán está detenido en Santa Cruz, en relación con un caso de un millón de dólares, que estuvo a punto de ser volteado por dos policías de Tránsito a un presunto comerciante.
“Los elementos que llevan al incremento de estas cifras tienen que ver en gran medida con la permisibilidad del Estado, debido a que existen zonas a las que las Fuerzas Armadas o la Policía no pueden ingresar sin autorización de estas organizaciones sociales y si lo hacen, se encuentran con varias limitaciones, desde el mal equipamiento hasta las órdenes de sus superiores, en sentido que en algunos casos las leyes los limitan a actuar como deben”, sostuvo el exfiscal Saenz.
Perfil de los sicarios
En contacto con Visión 360, un excomandante de la Policía, quien pidió reserva de su identidad, explicó que, en el caso de los sicariatos, los delincuentes se dividen en autores materiales, “los gatilleros o asesinos a sueldo”, y los autores intelectuales, jefes de grupos del narcotráfico en disputa.
Los primeros, por lo general, serían jóvenes y de escasos recursos, a los que se les da algún tipo de entrenamiento para el manejo de armas, la infiltración en sectores de la población, conducción de motorizados y la ejecución de operativos de ingreso y salida del lugar donde se comete el crimen hasta una zona segura para ellos.
En cuanto a los autores intelectuales, según la criminóloga Reyes, en su mayoría están ligados al PCC y al Comando Vermelho, organizaciones delictivas de Brasil que se disputan rutas y territorio del narcotráfico en la frontera de Bolivia con ese país. Las cabezas de estos grupos ordenan los crímenes cuando ven afectados sus intereses económicos, ante la pérdida de cargamentos de cocaína, el incumplimiento en la entrega de la mercancía o el pago por ella.
Por su lado, Aguilera señaló que para confirmar que las ejecuciones tienen relación con el narcotráfico, los investigadores de la Policía analizan el perfil de las víctimas, su entorno familiar y socioeconómico, además de los antecedentes penales en Bolivia y en el exterior, que por lo general arrojan revelaciones sobre sus nexos “y cuentas pendientes con estas organizaciones”.
Reyes considera que el 10% de los sicariatos llegan a ser esclarecidos, pero solamente con la captura del asesino a sueldo y casi nunca del autor intelectual, en su mayoría extranjeros.
Los datos de la Policía también señalan que, en el municipio de San Matías, fronterizo con Brasil, hubo 162 asesinatos por supuestos ajustes de cuentas, en los últimos 11 años. Nueve de cada 10 crímenes están en la impunidad, mientras el pacto de silencio reina entre los pobladores, por temor a las mafias.
Los esposos
El asesinato de la pareja hallada en el camino vecinal de Chimoré se perpetró la madrugada del 12 de mayo de 2023. En el motorizado, la Policía halló los documentos que ayudaron a identificar a las víctimas, establecer que eran esposos y que el crimen no fue un intento de robo, porque los delincuentes no se llevaron objetos de valor.
Los investigadores también colectaron decenas de casquillos de bala, tirados entre las huellas de motos y de un vehículo que presuntamente cerró el paso a la vagoneta de la pareja, que presentaba múltiples perforaciones en el parabrisas, vidrios laterales y puertas.
Víctimas en 2024
En lo que va de este año, ya se reportaron 10 casos de sicariato. Una de las víctimas fue el brasileño Flavio Verdum de Almeida, asesinado el 1 de febrero, en Santa Cruz, en el municipio de San Ignacio de Velasco.
Testigos relataron que, minutos antes, el hombre fue informado sobre un ataque armado contra su hijo menor, un abogado que trabaja en Brasil, quien logró sobrevivir pese a recibir varios disparos. En 2022, otro hijo de Verdum de Almeida fue víctima de sicarios, quienes le quitaron la vida con 22 disparos en el canal Isuto, en Santa Cruz.
La violencia por el narcotráfico avanza de a poco hacia el Occidente. El 9 de enero, en la ciudad de Oruro, el cuerpo de un colombiano fue hallado al interior de una maleta. Días después se realizó un operativo en Villa Dorina, de donde se desalojó a extranjeros ilegales. Allí se hallaron armas y drogas, pero hasta el momento no se dio con los autores del asesinato, presuntamente encargado a sicarios, por deudas relacionadas con drogas y trata y tráfico de migrantes.
Con el contexto de los 28 casos de sicariato perpetrados en 2023, en enero, el viceministro Aguilera anunció la creación de una unidad táctica, de reacción inmediata que, por medio de la infiltración de elementos de inteligencia en las poblaciones fronterizas con Brasil, tiene la misión de prevenir estos hechos.
Aguilera confirmó que desde marzo ya opera un equipo de 50 policías, en los municipios fronterizos de Beni y Santa Cruz, que lograron desarticular a tres grupos de extranjeros con antecedentes de “asesinatos por encargo” en Brasil.
“Hay avances positivos en el desafío contra este tipo de delitos. Tenemos el talento humano, elaboramos un sistema, pero ahora falta que los municipios nos apoyen con la infraestructura”, concluyó la autoridad.
Secuestros
El “mapa del narcotráfico”, elaborado por el Ministerio de Gobierno, presentado en enero, confirma que en 2023, en el Trópico de Cochabamba, 12 personas fueron secuestradas, todas relacionadas con “ajustes de cuentas” entre narcotraficantes.
Los expertos señalan que esos datos confirman el incremento de la violencia con la que actúan las organizaciones criminales que operan en Bolivia; esto, en medio de una crisis del sistema judicial, la corrupción al interior de la Policía y la ausencia del Estado en determinadas poblaciones del país.
