Unitas registra 743 vulneraciones a las libertades fundamentales y a defensores de los DDHH

“El informe de situación 2023, sobre institucionalidad democrática, libertades fundamentales y el derecho a defender derechos en Bolivia”, revela que en esa gestión se cuantificaron 743 vulneraciones a derechos fundamentales, como la libertada de expresión, reunión y protesta. Asimismo, se cuantificaron ataques la institucionalidad democrática y a defensores de derechos humanos como son los periodistas.

El informe, elaborado con datos del Observatorio de Defensores de Derechos Humanos de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas), clasifica en seis los tipos de vulneraciones: A la institucionalidad democrática, 379; a la libertad de expresión, 41; a la libertad de reunión, 143; a la libertad de reunión y protesta, 68; contra la libertad de Asociación, 61, y contra el derecho de los defensores, 51.

La coordinadora del Programa Defensores de Unitas, Claudia Terán, explicó que la mayor cantidad de vulneraciones son atribuidas al Estado y los órganos ejecutivos en los diferentes niveles del Gobierno. De acuerdo al recuento realizado, el sector que sufre más vulneraciones es el de los trabajadores de la prensa.

“El sector más vulnerable es el de los periodistas, sin duda, estos dos últimos años los medios de comunicación están en la cúspide de los sectores más vulnerados”, señaló Terán. Detalló que la libertad de prensa ocupa el segundo nivel de los ámbitos que sufren vulneraciones de derechos.

Por su lado, la presidenta de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Maggy Talavera, reflexionó sobre el incremento de las vulneraciones a los trabajadores de la prensa, protagonizado por los órganos del Estado y sus servidores públicos, pero, además, por los propietarios de los medios de comunicación.

Sin embargo, el Informe de Situación revela una disminución de casos en relación a 2022, gestión en la que se registraron 768 casos, en tanto que en 2021 solo se contabilizaron 666.

Institucionalidad democrática

El informe revela que, en relación con las demás categorías monitoreadas, las vulneraciones que atentaron contra la institucionalidad democrática experimentaron el mayor incremento cuantitativo en comparación con las gestiones anteriores. En 2021 se registraron 62 casos, cifra que aumentó a 199 en 2022, para luego experimentar un aumento significativo en 2023 al alcanzar un total de 379 vulneraciones.

Esta cifra está compuesta principalmente por actos contrarios a los procedimientos basados en la normativa (232 casos, que representan el 61% del total). Específicamente, estos actos implicaron vulneraciones a la presunción de inocencia y actos arbitrarios por parte de autoridades y funcionarios públicos, contraviniendo los mandatos establecidos para sus cargos. Seguidamente, se observa la ejecución de omisiones y actos contrarios a la norma (88 casos, el 23%) y actos de corrupción por parte de servidores públicos (23 casos, el 6%), entre otros.

Libertad de expresión

Durante el año 2023 se contabilizaron un total de 41 violaciones a la libertad de expresión, lo que representa una disminución relativa en comparación con los dos años anteriores; en 2021 se registraron 71 vulneraciones, y 51 en 2022. De este conjunto, 21 incidentes corresponden a actos de estigmatización (el 51%), perpetrados tanto por personas particulares como por funcionarios públicos. También se documentaron cinco casos de agresiones físicas (el 12%) y cuatro atentados contra discursos de interés público (el 10%), entre otros.

Se debe destacar que las limitaciones a la libertad de expresión fueron principalmente resultado de acciones de altas autoridades del Órgano Ejecutivo nacional, ministros y viceministros de diversas carteras con un total de 22 casos que representan el 53% del total de esta categoría.

Por otro lado, el 23% de las vulneraciones (11 casos) involucraron ataques perpetrados por autoridades y funcionarios de otros órganos del Estado, así como por autoridades de niveles subnacionales. El panorama de restricciones impuestas al acceso y flujo de la información, así como al derecho democrático de expresar opiniones y posiciones críticas, se vuelve más preocupante al considerar las numerosas violaciones al derecho a la libertad de prensa registradas en el año 2023.

Libertad de Prensa

Durante 2023, la libertad de prensa se mantuvo como el segundo derecho más vulnerado, lo que revela una tendencia preocupante en la desprotección de la labor periodística. Los datos históricos revelan un incremento constante en las violaciones a este derecho con 143 casos registrados en ese año. Las principales violaciones incluyen agresiones físicas, psicológicas y materiales, amenazas a periodistas en el ejercicio de sus funciones, incumplimiento del deber de protección, y el impedimento de acceso a la información.

Es alarmante que, año tras año, los informes del Observatorio destaquen a periodistas, trabajadores de prensa y medios de comunicación como el grupo más afectado por violaciones a sus derechos con al menos 148 casos en 2023, representando el 20% del total. La mayoría de las vulneraciones se originaron en la cobertura de eventos políticos, investigaciones sobre actos lesivos contra el Estado y conflictos sociales, existiendo, además, una marcada impunidad en los casos relacionados con la libertad de prensa.

Libertad de reunión pacífica y derecho a la protesta

A diferencia de los años anteriores, durante 2023 la libertad de reunión pacífica y protesta pasó a ser la tercera categoría de derechos más afectada, sólo superada por las violaciones a la institucionalidad democrática y a la libertad de prensa. En total se registraron 68 casos, cifra marcadamente menor en relación con 2021 (433) у 2022 (204). Como se detalla, la disminución en los casos de violaciones a la libertad de reunión y protesta no se debe a mayores límites y controles impuestos al uso de la fuerza pública, sino más bien, a la disminución, en este periodo en particular, de la cantidad de conflictos sociales de larga duración y alcance nacional.

El desglose de estas violaciones revela que 41 casos (60% del total) fueron producto de la intervención violenta de manifestaciones por parte de agentes de la policía: 11 estuvieron relacionados con la obstrucción y represión de protestas (16%), 5 con el incumplimiento estatal de protección de manifestantes (7%) entre otras.

Como cada año monitoreado, en 2023 se repite el registro del uso desproporcional de la fuerza pública, la cual durante la última gestión también provocó la muerte de una persona. En específico, se trata de un transeúnte alcanzado por un disparo de la Policía en el desarrollo de las manifestaciones por la aprehensión de Luis Fernando Camacho. La víctima, según un reporte de El Deber, se encontraba por la avenida Cristo Redentor en Santa Cruz esperando un taxi para retornar a su casa, hasta el momento en que un grupo de jóvenes pasó corriendo por su lado, detrás de ellos, pasó una motocicleta con dos policías persiguiéndolos. De pronto sintió un impacto en su rostro, luego de ser auxiliado y llevado a un centro médico, perdió el ojo derecho y sufrió una fractura en el paladar. Tras dos semanas de internación, falleció.

Libertad de asociación

Durante 2023 se observó un notorio aumento en las vulneraciones a la libertad de asociación con al menos 61 casos identificados. Esta cifra representa un incremento significativo en comparación con años anteriores, siendo cuatro veces mayor que en 2021 (15 casos) y un 13% más que en 2022 (53 casos). La mayoría de estos casos involucraron acciones que afectaron la libre determinación y funcionamiento de diversas organizaciones de la sociedad civil en el país. Principalmente, se registraron actos de obstrucción al funcionamiento de una asociación (79% del total, 48 casos) y suplantación y división de una organización (11%, 7 casos).

Estos datos reflejan una situación crítica para muchas organizaciones de la sociedad civil (OSC) en el país, especialmente aquellas sin fines de lucro como Organismos no Gubernamentales (ONG) y fundaciones. Estas entidades, debido a la naturaleza crítica de su labor frente a las políticas públicas, enfrentan desafíos considerables para su sostenibilidad. Es importante señalar que estas cifras subestiman el verdadero impacto de las limitaciones al funcionamiento de las OSC en el país, ya que muchas evitan denunciar estos actos por temor a represalias o consecuencias mayores tales como la anulación de la personería jurídica en aplicación de la Ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas.

Derechos de las personas y organizaciones defensoras de derechos

Durante el año 2023 se documentaron 51 casos de violación a los derechos de las organizaciones y personas defensoras de derechos, marcando un incremento drástico en comparación a 2021 con 18 registros, y un decrecimiento en relación con 2022, con 59. Los actos atentatorios contra los derechos de las personas defensoras se relacionan principalmente con el incumplimiento del deber de protección, en particular en situaciones de riesgo (24 casos, 47% del total), la criminalización de personas y grupos de defensores por sus labores de promoción y protección de derechos (18 casos, 35%) y actos de agresión física en contra de defensores (tres casos, 6%).

Para fines de contabilización, estas cifras no incluyen las violaciones sufridas por periodistas o trabajadores de prensa; éstas se encuentran presentes, principalmente, en el registro de vulneraciones a la libertad de prensa. De igual manera, en cuanto a organizaciones defensoras de derechos (ONG, entidades sin fines de lucro, fundaciones) que sufren estigmatización por su labor de defensa de derechos, estos datos están registrados en la violación a la libertad de asociación. Ello nos plantea un escenario aún más crítico para el trabajo de defensa de derechos en el país al ser una labor obstaculizada por vías administrativas, legales, financieras, comunicacionales, políticas que profundizan la situación de indefensión de organizaciones y personas defensoras de derechos.