Contratos atípicos, forma de ocultar la obligación laboral con los trabajadores

Atrás quedaron los contratos indefinidos que firmaban los trabajadores cuando eran empleados en alguna empresa o taller; aquellos que, además, ofrecían seguro social y pago a las entonces Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). En la actualidad se aplican contratos atípicos y anómicos que vulneran sus derechos, pese a que existe una legislación laboral, la que, sin embargo, no se cumple porque el Estado no tiene la suficiente capacidad para ejercer el control.

De acuerdo con Bruno Rojas, investigador laboral, “en Bolivia estamos viviendo un serio retroceso en la aplicación, cumplimiento y respeto a la legislación laboral y a los derechos laborales”, lo que se puede ver en las denuncias, casi diarias, de despidos sin pago de beneficios sociales, entre otros.

En Bolivia estamos viviendo un serio retroceso en la aplicación, cumplimiento y respeto a la legislación laboral y a los derechos laborales”.

Bruno Rojas, investigador laboral

Según el especialista, a partir de la pandemia del covid (2020), la “flexibilización” laboral se profundizó y dio lugar a nuevas modalidades de contratos, que están al margen de la norma vigente en el país.

Por ejemplo, el especialista manifestó que proliferaron los contratos eventuales o llamados “a prueba”, a los que recurren los empleadores para evadir el pago de beneficios sociales; también están los contratos temporales, o por temporadas, que funcionan en muchos rubros, como en la zafra o la vendimia,  y duran solo unos dos o tres meses.

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También se cuentan los contratos de consultores por producto , o en línea, que más se aplicaban en la administración pública, pero que últimamente se  extendieron al sector privado.

Rojas explicó que existen los contratos por intercambio de servicios o por comisión, que son más aplicados entre los jóvenes que son reclutados para la actividad comercial; y los contratos con la figura de enganche, que consisten en la contratación de trabajadores a quienes se les da un adelanto y para pagarles el total de lo convenido deben concluir con el trabajo, lo que da lugar a formas forzadas de trabajo.

“Estas formas que han ido introduciéndose escapan del control de la legislación laboral y del control del Estado, que no tiene capacidad de normarlas”, insistió Rojas.

El investigador laboral indicó que muchos empleadores, mediante este tipo de contratos, quieren “ocultar” la relación laboral y “burlar” el Decreto Supremo 28699 de 2006, que reglamenta la Ley General del Trabajo.

Por tanto, el trabajador queda desprotegido e incluso en incertidumbre. “¿Y si me enfermo qué va a pasar? ¿Si tengo un accidente qué pasará?. ¿El empleador pagará la atención médica?, hay inseguridad  y hay vulneración de derechos”, dijo Rojas.

El investigador hizo además referencia a un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señala que en la actualidad 81,5% de la población con ocupación está en la informalidad laboral, en la que  las personas tienen la oportunidad de encontrar un espacio de trabajo, y donde el Estado tiene grandes limitaciones para ejercer un control.

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Agregó que entre esos nuevos modelos de contratos se encuentran también los que se pagan a destajo; los que se desarrollan por internet y por horas; los deliveries, que son muy particulares, pues, incluso, les hacen creer que son emprendedores; las contrataciones “con mesa” o “sin mesa”, que consisten en un sueldo que está entre 1.500 y 1.800 bolivianos e incluyen un almuerzo o refrigerio, cuyo costo sale del mismo pago que se ofrece al interesado.

De acuerdo con Rodrigo Loma, abogado laboralista, este tipo de contratos se dan porque el empleador quiere evadir el pago de beneficios sociales y “la mala utilización de los contratos deja en la indefensión al trabajador que, por falta de conocimiento o por necesidad, los asume y los da por bien hechos”.

Además, el experto consideró que es cierto que la pandemia agudizó la crisis en las empresas y muchas cerraron y redujeron su personal; pero también es verdad que este argumento es mal utilizado para tapar las nuevas condiciones que ofrecen a los trabajadores, que pasan por un sueldo más bajo. “Las leyes son muy diferentes de lo que ocurre en la práctica”, sostuvo. 

La mala utilización de los contratos deja en indefensión al trabajador que, por falta de conocimiento o necesidad, los asume y los da por bien hechos”.

Rodrigo loma, abogado laboralista

Sin embargo, Loma explicó que, para mejorar esta situación, no se trata de elaborar mayor legislación, porque esta ya existe, más bien él se inclina por hacer un ajuste, por ejemplo a la Ley General del Trabajo.

El especialista indicó que, en su experiencia, la mayoría de los trabajadores que plantean denuncias contra los empleadores  las hacen por la falta de beneficios sociales y por exigencia de reincorporación, ya que se procedió a un despido injustificado.