Informe de Unitas
91% de las vulneraciones a la libertad de reunión y protesta fueron cometidas por la Policía
“El informe de situación 2023, sobre institucionalidad democrática, libertades fundamentales y el derecho a defender derechos en Bolivia”, revela que la pasada gestión se cometieron 743 vulneraciones a derechos fundamentales. En el caso de las transgresiones a la libertad de reunión y protesta, se identificó a la Policía Boliviana como la institución que más veces perpetró acciones contra ese derecho.
De acuerdo con los datos del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas), se contaron 68 casos de vulneración a la libertad de reunión y derecho a la protesta que se produjeron durante el 2023, de los que 41 casos (60%) corresponden a personas heridas en protestas; 11 (16%), a represiones de una protesta; cinco (7%), a incumplimiento al deber de protección, y tres (4%), a impedimentos de una protesta, entre otros.
“El 91% de las violaciones a la libertad de reunión pacífica y derecho a la protesta (62 casos) fueron cometidas por la acción directa u omisión de agentes de la Policía”, resalta el informe, que también destaca que el 75% de las vulneraciones a la libertad de reunión y protesta supusieron el uso excesivo de la fuerza pública, que tuvo como resultado decenas de personas heridas y un muerto en las manifestaciones, suscitadas en enero de 2023, por lo que se denominó “el secuestro” del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
En lo referido a los heridos, resaltan los casos de Jesús Berem Echalar, el 3 de enero de ese año, quien fue herido por impacto de proyectil en la cara lanzado por la Policía durante los enfrentamientos en Santa Cruz. También figuran los 32 heridos producto de la represión policial a los maestros urbanos, cuando estos protestaban en la ciudad de La Paz en contra el nuevo plan curricular el 22 de marzo del mismo año.
En las jornadas del 10 y 12 de abril, se registraron otros siete heridos durante las jornadas de protesta de los maestros.
El informe de Unitas también menciona que los heridos en protesta no sólo corresponden a casos de acción directa de la Policía, sino también a otros episodios, en los que se comprueba la omisión de su labor, según el informe. Uno de esos casos involucra al diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Miguel Roca, quien resultó herido luego de un enfrentamiento entre cívicos paceños y grupos de choque del Movimiento al Socialismo (MAS), que salieron a las calles a contrarrestar a quienes protestaron exigiendo la libertad de los presos políticos, hecho registrado el 10 de enero de 2023.
“Uno de los aspectos más inquietantes en estos conflictos fue la frecuencia, sistematicidad e intensidad con la que se registraron enfrentamientos violentos entre civiles instigados por grupos de choque con la intención de desacreditar y desmovilizar a personas y organizaciones manifestantes. Sin embargo, este rasgo no es exclusivo de esta categoría de vulneración; la normalización del empleo de estos grupos se ha generalizado en diversos eventos, evidenciando un entorno desfavorable para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica”, Cita el Informe de Situación 2023 de Unitas.
En torno al rol de la Policía, de resguardar y preservar la seguridad de la población, el informe revela que se presentaron casos en los que justamente la institución incumplió su deber. Por ejemplo, cuando cívicos paceños convocaron a manifestaciones en contra de la persecución política y, como consecuencia, grupos de choque salieron a contrarrestar estas movilizaciones, en una “aparente complicidad” con la Policía Boliviana con las acciones violentas de estos grupos.
“Frente a la acción violenta perpetrada por diversos grupos de choque, con la clara intención de debilitar las manifestaciones sociales, se verifica que la Policía no desempeñó su función constitucional de garantizar la libre expresión de protestas. En el contexto de manifestaciones contrapuestas, el deber de la Policía es contener a los manifestantes y evitar agresiones, sin embargo, los registros exhiben cómo determinados grupos operan con impunidad mientras otros son reprimidos”, remarca el informe.
La Policía también impidió el desarrollo de la protesta pacífica en casos concretos. Uno de ellos se dio cuando dirigentes del Comité Cívico Potosinista arribaron a la ciudad de La Paz para demandar una ley del litio, además, mayor transparencia en los contratos con empresas internacionales que explorarán este recurso. Ante su intento de instalar una huelga de hambre en la Asamblea Legislativa por esta causa, la Policía arrastró por la fuerza a la presidenta de Comcipo, Roxana Graz, y a otros representantes para retirarlos de esas instalaciones, el hecho se registró el 8 de marzo de ese año.
Otro acto se suscitó el 23 de marzo de 2023, cuando el activista de la plataforma Otra Bolivia es Posible, Iván Melendres, fue detenido por efectivos de la Policía Boliviana en pleno desfile por el Día del Mar en la ciudad de La Paz, debido a que portaba carteles que recordaban el fallo de la Corte Internacional de Justicia, que determinó rechazar la demanda de una salida al mar.
El Informe de Situación 2023 de Unitas, es una herramienta que visibiliza el estado de situación de las libertades fundamentales, la institucionalidad democrática y el derecho a defender derechos en Bolivia. Su finalidad es documentar las violaciones a los derechos cometidos por el Estado, con el fin de revertir estas políticas de gobierno.
