La Cancillería y el caso Debra Hevia: Una gestión para reflexionar

La convocatoria de una cancillería al embajador o encargado de negocios de un país para presentar un reclamo es un recurso diplomático de gran seriedad, reservado para situaciones de suma importancia y delicadeza. Por ello, la reciente acción de la canciller Celinda Sosa al convocar el lunes 24 de junio a Debra Hevia, máxima representante diplomática de los Estados Unidos, pone en tela de juicio la prudencia con que se debe manejar esta prerrogativa.

Es preocupante observar cómo se ha utilizado este mecanismo para reclamar por una supuesta intromisión en los asuntos internos de Bolivia, sin proporcionar detalles específicos y limitándose a mencionar “una serie de pronunciamientos y acciones” atribuidos al personal de la Embajada de Estados Unidos. Esta falta de claridad no solo debilita el reclamo, sino que también proyecta la imagen de una diplomacia reactiva y mal fundamentada.

Uno de los posibles motivos detrás de la convocatoria fue un audio atribuido a Hevia, en el que supuestamente hacía referencias a asuntos internos de Bolivia. Sin embargo, la Embajada de Estados Unidos desmintió la autenticidad de dicho audio, lo que hace inaceptable apoyar un reclamo oficial en un documento de dudosa veracidad.

El uso indebido de ese audio por algunos actores políticos, como Evo Morales, con el fin de enturbiar las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos, puede entenderse dentro del ámbito de la política interna, aunque sigue siendo inaceptable. Más grave es que un ministro de Estado, como el de Economía de apellido Montenegro, acuse sin fundamento a la misión diplomática de estar detrás de un “golpe blando”, evidenciando un manejo diplomático fuera de control.

La no injerencia en asuntos internos de un Estado es un principio básico de las relaciones internacionales, firmemente establecido en numerosos tratados y acuerdos multilaterales. Su violación puede generar un impasse diplomático, incluyendo la posibilidad de que se declare al infractor como “persona non grata”, lo que implicaría su expulsión del país. Allí radica la importancia del resultado de la convocatoria.

La relación entre Bolivia y Estados Unidos, que este año cumple 187 años, ha experimentado una degradación desde la expulsión del embajador Philip Goldberg en 2008. Desde entonces, hace ya 16 años, está limitada al nivel de encargados de negocios.

En la primera época de la historia bilateral, Estados Unidos veía a Bolivia como un país necesitado de cooperación. Después, en 1941, Bolivia fue obligada a proveer estaño a los aliados durante la II Guerra Mundial mediante un acuerdo militar. En la década de 1960, se implementó el programa Alianza para el Progreso bajo la administración Kennedy, con el objetivo de contrarrestar la influencia comunista en la región y en Bolivia.

La década siguiente fue testigo de la operación Plan Cóndor, que impuso dictaduras militares en la región con la coordinación de las embajadas estadounidenses en los países latinoamericanos. Posteriormente, la guerra contra el narcotráfico incrementó la dependencia de Bolivia hacia Estados Unidos, con la embajada jugando un papel decisivo.

Actualmente, la presencia norteamericana incomoda a sectores del poder político relacionados con la defensa de la hoja de coca, especialmente en el Chapare, donde se estima que el 90% de la producción se desvía hacia una producción ilícita. Entonces, no sorprende la recurrente postura agresiva del gobierno contra Estados Unidos, a veces mencionándolo directamente y otras refiriéndose como “el imperio”. Recientemente, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, acusó a Evo Morales de ser el mejor instrumento de una supuesta operación imperial.

Debra Hevia, actual jefe de la delegación estadounidense, con amplia experiencia en Bolivia, seguramente evita cualquier situación que la pueda vincular con injerencia en los asuntos internos de Bolivia. En su memoria debe estar lo ocurrido en agosto de 2017 con su colega Peter Brennan, cuyas declaraciones provocaron una fuerte protesta del gobierno boliviano, que se resolvió con un intercambio de escritos.

Es probable que la Cancillería mantenga en reserva los detalles de lo tratado con la diplomática estadounidense, dejando este episodio como un recordatorio amargo de que Celinda Sosa Lunda aún tiene mucho por aprender en el arte de la diplomacia. Aunque todavía le queda más de un año en su gestión, el país seguirá pagando las consecuencias de un mal manejo de las relaciones internacionales.

*La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360.